Sin embargo estos principios no pueden cumplirse si los actos del Estado no obedecen a tres condiciones fundamentales en nuestro parecer: a la transparencia, a la legalidad y a la planeación. Aunque me concentraré en la condición de la transparencia permita hacer algunos comentarios sobre la legalidad y la planeación de los actos del Estado.
 

Si bien existen o pueden existir leyes o reglamentos proclives a la concesión de privilegios indebidos, cuando quiera que los capturadores de rentas desvían el sano y equitativo juicio del legislador es claro que en general la Ley busca el trato no discriminatorio y la igualdad de oportunidades en nuestra comunidad de allí que la sujeción a las normas es requisito necesario para la adecuada gestión de los recursos públicos.

Sin embargo ello no es suficiente no solo por las debilidades de la normatividad misma como lo ha advertido la Contraloría en casos y en procesos de contratación y en muchas otras situaciones si no que por los grandes casos de corrupción se realizan buscándole siempre el esguince a la Ley aprovechando los vacios legislativos de nuestra norma.
 

Otro tanto puede predicarse con respecto a la Planeación, ello se expresa cuando los administradores de la cosa pública planean y programan de manera deficiente las acciones a cumplir, proyectos y acciones mal planeadas son campo propicio para la ineficacia, el despilfarro y para actos corruptos.
 

Pero aunque la legalidad y planeación son condiciones necesarias no son suficientes es la conjugación de estas dos condiciones con la transparencia las que evitan que se concedan privilegios o ventajas indebidas con ocasión de la contratación de bienes y servicios, compras o prestaciones por parte de entidades públicas.Solo en la medida en que la legalidad y la planeación vayan de la mano con la transparencia se puede construir una verdadera muralla social contra la corrupción y la malversación de fondos públicos.